Este miércoles el Tribunal Constitucional de Uganda rechazó un recurso para anular la controvertida ley aprobada en mayo de 2023 que agrava la discriminación contra las personas de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales), pero reconoció que viola algunos derechos.
"Nos negamos a anular la Ley Antihomosexualidad 2023 en su totalidad, y tampoco otorgamos una orden judicial permanente contra su aplicación", dijo el juez Richard Buteera al leer la resolución de la sentencia sobre la polémica ley en nombre de los cinco magistrados que componían la corte.
Contradicciones
El tribunal derogó, sin embargo, varias secciones de la norma al considerar que violan los derechos a la salud, la privacidad y la libertad religiosa de las personas LGBTI, garantizados en la Constitución ugandesa y en varios tratados internacionales.
En este sentido, afirmó que "la obligación de denunciar (a las personas LGBTI) según el artículo 14 (de la ley) tendría efectivamente un paralizador efecto disuasorio sobre el acceso a la atención sanitaria por parte de pacientes homosexuales".
En concreto, los magistrados admitieron que la norma "perpetúa" la vulnerabilidad frente a problemas de salud mental de los miembros de esta comunidad, especialmente de las personas con VIH.
A pesar de esas concesiones, los magistrados destacaron que la ley "busca reflejar el sentir social (de los ugandeses) respecto al tema de la homosexualidad" y recordaron que la Carta Magna obliga al Estado ugandés a "promover y preservar esos valores y prácticas culturales".
Resolución
La corte consideró que la norma no viola los derechos a la igualdad y a la libertad de discriminación y señaló que las limitaciones impuestas sobre la libertad de expresión, de pensamiento y de reunión están justificadas y "no son tan severas como para socavar el delicado equilibrio entre los intereses individuales y sociales".
"El resultado de nuestra sentencia es que esta petición fracasa sustancialmente", concluyeron los jueces.
La ley fue apelada por un parlamentario y por el activista ugandés Frank Mugisha, entre otros, quienes pueden ahora presentar otro recurso ante el Tribunal Supremo del país.
A pesar de la decisión del tribunal, lo cierto es que organizaciones de la sociedad civil ugandesa han denunciado el aumento de los abusos contra las personas LGBTI en el país a raíz de los debates en el Parlamento y la aprobación de la norma.
Así, el consorcio de ONG locales Equipo de Respuesta Estratégica (SRT, en inglés) aseguró el pasado mes de septiembre haber documentado más de 300 abusos cometidos tanto por actores estatales como no estatales contra miembros de este colectivo durante ese periodo.
Los ugandeses LGBTI se enfrentan a desahucios, despidos, palizas y otras formas de discriminación, lamentaron los activistas.
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, aprobó el pasado mayo esta dura ley contra la homosexualidad que aumenta la represión contra las personas LGBTI, después de meses de discusiones en el Parlamento.
El texto legal incluye largas penas de cárcel y castiga con la pena de muerte la "homosexualidad agravada", término amplio usado para referirse al hecho de mantener relaciones íntimas con un menor de edad u otros grupos vulnerables.
Organizaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos han criticado duramente la norma, mientras, tras su aprobación, el Banco Mundial anunció que no destinará nuevos fondos al país africano.
La ley ugandesa, una de las más duras del mundo, se enmarca en una reciente escalada del discurso anti-LGBTI en África, donde se encuentran más de una treintena de los al menos 65 países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo.
Con información de agencia EFE
JN