De acuerdo con un informe presentado este martes en Honduras llamado “Acceso a la justicia de las personas, particularmente de la población trans en Guatemala, Honduras y El Salvador”, el acceso a la justicia para dicha población es una “deuda pendiente”.
En el informe, elaborado por la organización no gubernamental Cristosal con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), se señala que existe una marcada tendencia a invisibilizar las "graves violaciones" contra el colectivo trans.
Cristosal destaca que el acceso efectivo a la justicia para las personas LGBTI en los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), es una "deuda pendiente" y constituye "un verdadero desafío para cada uno de los Estados".
La información recabada "da cuenta de las barreras y obstáculos a los que se presentan las víctimas LGBTI en su búsqueda de justicia frente a los delitos cometidos en su perjuicio y que se originan en patrones de odio y discriminación por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género", añade.
La falta de voluntad política, la normativa heteropatriarcal, cuya aplicación por los operadores de justicia se traduce en "acciones que discriminan y estigmatizan a personas no binarias", y las creencias religiosas son las principales barreras identificadas en la investigación.
Se niegan a reconocer la identidad a personas trans
La falta de reconocimiento legal de la identidad de género constituye, enfatiza el documento, una "violación estructural" a los derechos de las personas transgénero en los tres países centroamericanos e impacta en el goce de su derecho a la justicia.
Así pues, la legislación de El Salvador, Guatemala y Honduras no reconoce el derecho a la identidad de género, pese a que los tres países han suscrito y ratificado varios instrumentos internacionales orientados a adecuar su normativa para garantizar la efectividad de los derechos de la población LGBTI, señala Cristosal en su estudio.
El no reconocimiento de la identidad de género es una "negación y exclusión en el goce de otros derechos, como el nombre, educación sin discriminación, acceso al empleo" y, además, conlleva a que las personas LGBTI sufran estigmatización y discriminación debido al "vacío legal", añadió.
De acuerdo con la investigación, en El Salvador, Guatemala y Honduras existe una "marcada tendencia a invisibilizar las graves violaciones" de los derechos humanos de la comunidad LGBTI.
Falta de voluntad política
La directora de Cristosal en Honduras, Karen Valladares, destacó en declaraciones a EFE la importancia de "sensibilizar a la población" sobre los derechos de las personas LGBTI para acabar con el "odio y discriminación".
El odio es la principal barrera que enfrenta la comunidad de la diversidad sexual, señaló Karen Valladares, quien abogó por la aprobación de una ley de identidad de género en los tres países centroamericanos.
"Es importante que haya voluntad política" para lograr el reconocimiento de la identidad de género en el Triángulo Norte centroamericano, subrayó Karen Valladares, quien condenó la muerte violenta de mujeres y de personas LGBTI.
Además, Cristosal apunta que la normativa penal de El Salvador, Guatemala y Honduras "no reconoce ni tipifica los crímenes de odio" contra la diversidad sexual, y lamenta que el transfeminicidio no es considerado delito en ninguno de los tres países, lo que "agrava la desprotección de las mujeres trans víctimas".
Por último, la ONG propone que los países de la región avancen en la adopción de "cuerpos normativos" que reconozcan los crímenes de odio basados en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, y establezcan sanciones acordes al principio de proporcionalidad.
Con información de agencia EFE