Según el último informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, las autoridades violan los derechos de los miembros de la sociedad civil de su país y de los territorios ocupados de Palestina.
El texto, remitido el día de ayer al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, concluye que estos actos tienen como principal objetivo garantizar y consolidar la ocupación de los territorios palestinos (incluida Jerusalén Este) por parte de Israel.
Según el informe, las autoridades del Estado hebreo han intentado silenciar a los miembros de la sociedad civil de ambos territorios, tachándolos de "terroristas" y amenazando a las instituciones que dan cabida a sus discursos.
Entre ellas, la comisión destacó las acusaciones vertidas sobre siete ONG palestinas, que fueron calificadas como terroristas o ilegales por las autoridades de Israel.
De acuerdo con el informe, estos hechos están injustificados y podrían violar derechos humanos fundamentales como los que garantizan la libertad de asociación, de expresión, de opinión o de reunión pacífica, entre otros.
"Nos alarma particularmente la situación de los defensores palestinos de los derechos humanos, que son sometidos habitualmente a una serie de medidas punitivas como parte del régimen de ocupación", destacó Navi Pillay, la presidenta de la Comisión.
Para llegar a estas conclusiones, el organismo se entrevistó con más de 127 expertos (entre ellos víctimas y testigos de las agresiones israelíes) en Ginebra entre noviembre de 2022 y marzo de 2023.
Específicamente, los miembros de la comisión examinaron la situación de periodistas, artistas, defensores de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y de las personas del colectivo LGBT+.
Según los mismos, las mujeres han sufrido un tipo de aislamiento "distinto al de sus homólogos masculinos" y han sido víctimas de violencia sexual y de género, así como de campañas difamatorias en internet.
Además, el informe también llama la atención sobre el papel clave que algunas organizaciones no gubernamentales asociadas con la derecha política de Israel han tenido en los hechos descritos.
Así pues, el informe recomienda a los responsables de las autoridades israelíes que respeten y protejan los derechos humanos que pueden haberse visto vulnerados, e insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a que priorice la investigación de estos hechos.
Con información de agencia EFE