Un 42 por ciento del electorado escocés considera que la líder del independentista Partido Nacional Escocés (SNP) y ministra principal del Gobierno de Escocia, Nicola Sturgeon, debe renunciar en medio de la polémica por la aprobación de una ley para facilitar el cambio de género de las personas, la cual se basa en permitir que las personas se identifiquen como transgénero sin necesidad de un diagnóstico médico y permite la autodeterminación de género a los 16 años sin certificado médico para acreditar la disforia de sexo.
Un 45 por ciento de los mil 415 adultos encuestados por Panelbase entre el 6 y el 10 de febrero consideran por contra que la política debe seguir al menos hasta las próximas elecciones autonómicas, mientras que un 13 por ciento está indeciso, de acuerdo con el sondeo publicado este domingo por The Sunday Times.
- Te puede interesar: ONG solicitan a países de Europa que se unan a la demana de la Comisión Europea contra la ley anti LGBT+ de Hungría
El periódico recuerda que en noviembre de 2021, es decir, sólo seis meses después de su victoria en las urnas, solo un 34 por ciento de los escoceses abogaba por que Sturgeon dejara el cargo antes de las elecciones de 2026.
La encuesta se llevó a cabo después de que se investigara al Servicio penitenciario escocés a raíz del caso de Isla Bryson, una persona transgénero que fue ingresado a la cárcel de mujeres pese a haber violado a dos cuando era un hombre llamado Adam Graham.
El error en esta ocasión ha aumentado el debate en Escocia en torno a un proyecto de ley aprobado en enero pasado por el Parlamento escocés a instancias del Gobierno y que excepcionalmente ha sido bloqueado por el Ejecutivo de Londres, comenzando así un proceso judicial.
La ley escocesa reduce a los 16 años -frente a los 18 de la británica- la edad mínima para solicitar el reconocimiento legal de un cambio de género y no exige que haya un diagnóstico médico previo de disforia, entre otras cosas.
De acuerdo con la encuesta publicada el domingo, un 76 por ciento de quienes opinaron cree que estos cambios hacia la autoidentificación "representarán un riesgo para la seguridad en espacios de mujeres como prisiones, salas de hospital y vestuarios", frente a un 24 por ciento que no estuvo de acuerdo