En octubre de 2022 se hizo pública la iniciativa de ley hecha por la diputada trans María Clemente García Moreno con la que busca regular el trabajo sexual como una actividad económica que cuente con todos los derechos laborales marcados por la ley.
Recordemos que, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU), adoptado también por México, “se reconoce el derecho a trabajar […] [para] ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”, por lo que las personas que se dedican al trabajo sexual de manera autónoma y voluntaria son dignas de recibir un trato inclusivo y equitativo como cualquier otro trabajador. Esto incluye el respeto a sus derechos humanos y sus derechos laborales.
No obstante, la asociación civil Brigada Callejera respondió a la iniciativa de García Moreno y ha externado su inconformidad al señalar que los datos presentados por la diputada de Morena no sólo distan de la realidad de las trabajadoras sexuales en México, sino que, también se está abordando la problemática con un enfoque equivocado.
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Por su parte, Arlen Palestina, representante de Brigada, ha hecho hincapié en más de una ocasión en que a pesar de que el trabajo sexual ya es reconocido legalmente como un oficio, las instituciones gubernamentales no se han sujetado a sus obligaciones para brindarles a las trabajadoras sus derechos laborales, entre los que se cuentan el derecho a la vivienda, a la salud y a laborar en espacios dignos y seguros. Es decir, de las prestaciones que especifica la Ley del Trabajo (LFT), y los cuales se han abstenido de brindar.
Con respecto al carácter legal del trabajo sexual como oficio, Palestina arremetió contra el poco avance práctico que tienen las instituciones en para otorgar los derechos laborales para las trabajadoras, y específicamente lo hizo contra el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo Gobierno de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, por no emitir los tarjetones o licencias necesarias para las trabajadoras no asalariadas.
Recordemos que esta obligación institucional es una disposición jurídica.
Comunidad trans, de las más afectadas por la pandemia
De acuerdo con un estudio realizado por el Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), el cual se realizó en 2020, de 224 trabajadoras sexuales entrevistadas en Ciudad de México (CDMX) sólo para esta encuesta 96 de ellas eran mujeres trans, lo cual representa el 42.9 por ciento del total.
Cabe señalar que durante la pandemia por COVID el número de personas que se dedicaban al trabajo sexual en CDMX se duplicó, y pasó de 7 mil 500 a 15 mil 200 debido a la baja de la tasa de empleo. No obstante, en esta alza de trabajadoras también se cuenta la incursión de más mujeres trans en este oficio.
Al respecto, la activista Victoria Sámano, quien también es trabajadora sexual, que a las mujeres transgénero se les ha orillado a tomar este oficio comenzando, incluso, desde la falta de reconocimiento a su género.
“Creo que a las mujeres trans es la única oportunidad que tenemos. Sin embargo eso no significa que eso esté mal o que no sea un trabajo digno como cualquier otro. Creo que el problema aquí es que se está utilizando una mala palabra que es ‘regular’, cuando lo que se tiene que hacer es reconocernos como personas que ejercemos oficios o profesiones como cualquier otra, y que también somos garantes de derechos”, señaló en una entrevista para Milenio.
La estigmatización y discriminación a las mujeres trans ha derivado, como bien lo apunta Victoria, en la falta de oportunidad para ella de incursionar en otros espacios de trabajo, pero eso sólo es la punta del iceberg, pues al convertirse en trabajadoras sexuales se dan cuenta de que probablemente sea el oficio en el que menos oportunidad han tenido, históricamente, de recibir un trato humano y laboral digno.
No sólo se ven orilladas a buscar oficios en donde su género no represente un alto grado de estigmatización como el resto, sino a “aceptar” que no pueda ser acreedora a derechos humanos y laborables, pero que al final del día los continúa colocando en una posición de alto riesgo.
Un oficio sin derechos laborales ni seguridad social
El trabajo sexual sin derechos laborales en la praxis se ha convertido en un espacio en el que las trabajadoras son víctimas de la criminalización, pero también de la criminalidad, y las cifras que exhiben el incremento de crímenes de odio contra la comunidad LGBTI+ lo demuestran.
La intolerancia que termina por excluir a la población trans de acceso a la educación, a la salud, al derecho al trabajo seguro así como a la vivienda se ve trastocada cada vez más en uno de los únicos espacios en los que se les ha permitido desarrollarse para subsistir.
La falta de otorgamiento de derechos para las trabajadoras sexuales ha continuado consolidando las prácticas de discriminación, hostigamiento (incluso de las autoridades), persecución, tortura y asesinatos hacia ellas, mismo que coloca, probablemente, en una posición mucho más vulnerable a las mujeres trans.