La compañía Walt Disney acusó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, de desarrollar un “motín constitucional en curso” y advirtió de los riesgos que supondría para la libertad de expresión si el también aspirante presidencial gana el juicio en el que ambos están enfrentados.
En un escrito remitido el lunes en una corte federal en Florida -Estados Unidos-, los abogados del gigante del entretenimiento argumentaron de que DeSantis y sus aliados “rechazan abiertamente la regla fundamental de la Primera Enmienda de que un estado no puede desplegar sus poderes oficiales para castigar la expresión de puntos de vista políticos desfavorables”.
Lo anterior, añadieron, no sólo “carece de respaldo legal, sino que es profundamente antiestadounidense”.
Disney y DeSantis se hallan enfrentados en los tribunales desde que un exejecutivo de la compañía y principal empleadora de Florida criticara una ley estatal que prohíbe abordar en las aulas escolares cuestiones relacionadas a la identidad de género y orientación sexual, norma conocida por sus detractores como “No digas gay” -"Don't say gay"-.
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En lo que Disney considera una “represalia”, el gobernador reemplazó el Distrito de Mejoramiento Reeedy Creek, bajo el cual la compañía ha operado sus parques temáticos en este estado con autonomía desde la década de 1960, por un nuevo, llamado Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, cuya junta directiva está compuesta por miembros designados por DeSantis.
La acción del gobernador motivó que Disney se querellará contra la administración estatal por esta represalia “rápida y severa”.
“Con el propósito explícitamente declarado de castigar a Disney por sus comentarios, el Estado inmediatamente despojó a Disney de sus derechos de voto en el organismo rector que supervisa el uso de sus propia propiedad privada”, manifestó Disney en la moción del lunes y de la que hoy hacen eco medios locales.
En una entrevista ofrecida en agosto pasado, DeSantis sugirió al actual presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, que abandone la demanda judicial y acepte el fin de lo que consideró “privilegios especiales”.
Con información de EFE.
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