El día de hoy, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de la violencia en Colombia "debido a la expansión de diferentes grupos armados no estatales y organizaciones criminales", y pidió a las autoridades la implementación de acciones para reducirla.
El informe periódico al que fue sometido Colombia y que cubre el periodo transcurrido entre 2016 (año del acuerdo entre Gobierno y FARC) y 2023, subraya que "deben reforzarse las acciones contra la impunidad de estos crímenes, particularmente aquellos ocurridos en zonas rurales".
Urgen acciones para reducir la violencia
El Comité, formado por dieciocho expertos, pide al Gobierno colombiano que fortalezca la presencia y capacidad de sus autoridades e instituciones civiles en los territorios más afectados por la violencia, y continuar los procesos de investigación "de manera pronta, exhaustiva e imparcial".
Además, recomienda a Colombia mantener los procesos de diálogo y negociación con grupos armados no estatales y demás organizaciones "especialmente en aquellas zonas en las que existen posibilidades de conseguir a corto plazo un vuelco en la situación" que permita hacer efectivo el control del territorio por el Estado.
Discriminación
Aunque el Comité de las Naciones Unidas reconoce medidas en Colombia como la creación en 2017 del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; se muestra preocupado.
Ante el alto índice de actos de violencia contra personas indígenas, afrodescendientes o del colectivo LGBT+, en ocasiones perpetrados por miembros de la fuerza pública, el organismo de la ONU insta a Colombia a adoptar con urgencia políticas públicas "contra la discriminación estructural", incrementar las campañas de educación y sensibilización de la población ante este problema, y velar para que se investiguen todos estos ataques.
Asimismo, el informe del Comité expresó su malestar por el aumento de los casos de violencia contra la mujer, "especialmente contra las defensoras de derechos humanos", así como por el hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo siga siendo penalizada después de la semana 24 de gestación.
Acciones en materia de Derechos Humanos
El Comité también alerta de la persistencia de prácticas que promueven la impunidad frente a la tortura, de los altos niveles de hacinamiento (especialmente en los centros de detención transitoria) o de la persistencia de los desplazamientos internos y confinamientos por disputas territoriales.
Denuncia asimismo actividades ilegales de vigilancia a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como el monitoreo de las redes sociales por parte del Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad en el contexto de protestas sociales.
Por último, los expertos denunciaron en el informe también las "graves violaciones de derechos humanos" cometidas durante el paro nacional de 2021 que incluyeron el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género o actos de discriminación y racismo.
Con información de agencia EFE
JN