Un acuerdo entre el Gobierno mexicano y la alianza de oposición “Va por México” fue denunciado el día de ayer por activistas y organizaciones civiles, pues el supuesto acuerdo busca reformar la constitución para blindar a los partidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El único partido político que no está de acuerdo con tal iniciativa es el Movimiento Ciudadano (MC), pues señala que tan acuerdo limita el actuar del TEPJF, provocando que ya no pueda interceder por las minorías, la paridad de género y los procesos de los partidos.
"La propuesta debilita el avance democrático y da término a 26 años de trabajo y consolidación de este órgano especializado para garantizar los derechos político electorales", indicó MC en un posicionamiento.
El proyecto, que se discutió el pasado lunes a las 06:00 p.m. en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, reformaría los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución para limitar las atribuciones del TEPJF, el órgano judicial autónomo que falla sobre materia electoral.
La reforma se discute tras la aprobación de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como "el Plan B", que recorta 3 millones 500 mil pesos (175 millones de dólares) y atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo que organiza las elecciones.
Pero a diferencia de esa reforma, en esta ocasión hay un acuerdo entre el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos tradicionales de oposición: Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).
"Recapaciten", pidió la organización Sociedad Civil México, que en el pasado ha convocado a las marchas para defender al INE de las reformas de López Obrador.
"Llamamos a los grupos parlamentarios a que atiendan la preocupación de la ciudadanía en relación a esta iniciativa de reforma constitucional y pospongan la discusión de dicho dictamen para después de la elección (presidencial) de 2024", indicó en un posicionamiento.
En tanto, grupos que representan a poblaciones históricamente discriminadas, como LGBT+ Rights México, el Colectivo de Personas con Discapacidad, YAAJ México y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, advirtieron de retrocesos en la su representatividad.
Estas agrupaciones consideraron que se podrían perder avances, como los escaños y candidaturas que el TEPJF ha ordenado respetar para estas poblaciones.
“Esta iniciativa en Diputados es muy preocupante. Impediría que el TEPJF haga cumplir las reglas sobre la participación equitativa de mujeres, personas LGBT y otras minorías en la política”.
Coincidió Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch (HRW) en Twitter.
Con información de EFE
BB