La situación actual respecto a las libertades fundamentales de Brasil se encuentran en un momento preocupante, esto según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano internacional encargado de supervisar los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, expresando su preocupación por cuestiones como la impunidad y la corrupción, aspecto que se pone en la mesa después de 18 años, debido a la falta de la cooperación entre el Estado brasileño y este comité perteneciente a las Naciones Unidas.
Según el último informe, el tercero del comité de Basil y primero desde el año 2005, este da la bienvenida a las autoridades brasileñas por reanudar el dialogo constructivo, aún pese al tiempo perdido, "llegando más de diez años tarde".
Cabe destacar que también se recalcaron aspectos positivos, reconociendo el avance de Brasiil con respecto a las legislaciones de protección de derechos humanos, recientemente incluidas bajo el gobierno de Luiz Inázlo Lula de Silva, así como la reciente creación de los ministerios para la protección de los pueblos indígenas y la igualdad racial.
En el documento, el Comité formado por 18 expertos y presidido por la paraguaya Tania María Abdo, expresa entre otros puntos su preocupación por la falta de legislación en Brasil para reforzar la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en vigor desde 1976 y por cuyo cumplimiento vela este órgano.
También critica la falta de progresos claros en la creación de una institución independiente de derechos humanos en Brasil, así como la insuficiente aplicación de las medidas lanzadas por el país para combatir la corrupción, que se traducen por ejemplo en largos retrasos en los procesos en torno a la operación Lava Jato. Insta por ello a Brasil a
Aumentar sus esfuerzos para erradicar la corrupción y la impunidad a todos los niveles”.
Tomando medidas para "garantizar una rápida finalización de todos los procesos relacionados con Lava Jato", la mayor operación lanzada en país para combatir el blanqueo de dinero.
Lamenta asimismo la falta de aplicación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Verdad, encargada de la investigación de violaciones de derechos humanos entre 1946 y 1988 (incluyendo las perpetradas durante la dictadura militar entre 1964 y 1985).
También manifiesta su preocupación por los informes que denuncian una extendida discriminación, con altos niveles de acoso, violencia y discursos de odio, por motivos de raza, género, orientación sexual o situación socioeconómica.
Lamentamos la falta de una completa legislación contra esta discriminación”.
Añade el documento, que en particular echa en falta leyes contra el racismo y dirigidas a combatir la discriminación por motivos de orientación sexual.
El comité señala, con respecto a la igualdad de género, los bajos niveles de participación de las mujeres, especialmente las afrodescendientes, las del colectivo LGBT y otros grupos discriminados, en la política, la judicatura y otros sectores.
También lamenta la falta de leyes integrales contra la violencia machista, y los insuficientes servicios de protección y asistencia a las víctimas de ésta.
Por otro lado, el comité expresa su preocupación por el extendido uso de la ley sobre alienación parental a la hora de retirar la custodia de las madres sobre sus hijos.
El informe denuncia además un incremento de las denuncias de tortura y maltrato, mientras sólo algunos estados de Brasil han puesto en marcha mecanismos para combatir estos abusos durante las detenciones.
El comité de expertos de Naciones Unidas reconoce los esfuerzos de Brasil para dar acogida a refugiados y migrantes de la vecina Venezuela, aunque critica la declaración de al menos 39 decretos administrativos que restringieron ese flujo migratorio durante la pandemia, que incluyeron la suspensión de los procesos de asilo.
Las dificultades de acceso a estos procedimientos continúan, señaló el informe, indicando que algunos migrantes tienen dificultades para integrarse en la sociedad y la economía brasileña (caso de los venezolanos) o para obtener visados humanitarios (algo que ocurre principalmente con los haitianos).
El informe denuncia el incremento de los ataques físicos, del acoso verbal y de la intimidación contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como el uso de legislación penal para intimidar la labor periodística y censurar la libertad de prensa.
Con información de EFE.
RSA.