Este miércoles la Asociación Latinoamericana de Derechos Alternativos (Aldea), informó que Ecuador ha reportado un total de 238 feminicidios entre el 1 de enero y el 25 de septiembre; es decir, casi los primeros nueve meses de lo que va de 2023.
"238 vidas de mujeres han sido violentamente arrebatadas por la violencia machista en Ecuador", y apuntó que desde que se tipificó el feminicidio como delito en Ecuador, en 2014, "hemos perdido mil 617 vidas de mujeres debido a la violencia machista y patriarcal".
Cifras alarmantes
Del total de víctimas, 228 eran ecuatorianas y diez, extranjeras. La víctima más joven fue una bebé menor de un año, y la mayor, una mujer de 90 años.
Por otro lado, por primera vez los femicidios cometidos en sistemas criminales (al menos 130) han superado a los femicidios íntimos, sexuales (94) y los transfemicidios (14).
Esto resalta la importancia de abordar tanto la violencia doméstica como los nuevos contextos de violencia de género en entornos de criminalidad organizada, señaló Aldea en un comunicado.
Además, el análisis de los femicidios en Ecuador de este año apunta a que "el 68 por ciento de estos crímenes fueron cometidos utilizando armas de fuego".
"Esta tendencia ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, lo que subraya la necesidad de abordar la disponibilidad y el uso de armas de fuego en el país", indicó.
De hecho, esta semana se informó que, tras seis meses de la emisión del decreto ejecutivo para el porte de armas para civiles en Ecuador, las Fuerzas Armadas empezaron a tramitar oficialmente los permisos de porte y tenencia de armas.
Por último, Aldea anotó que las "consecuencias de los feminicidios son devastadoras para las víctimas y sus familias" pues, según datos recopilados, al menos 74 de las mujeres asesinadas este año eran madres, y como resultado, al menos 122 hijos han quedado huérfanos a causa de la violencia de género; además de que trece de las mujeres asesinadas estaban embarazadas.
Por tanto, la Asociación apunta que el Estado "no cumple de manera efectiva con sus obligaciones, no garantiza derechos; no previene las violencias de género".
Asimismo, considera que el Estado "no protege a quienes exigen respuestas ante los hechos sufridos" y "no garantiza el acceso a la justicia", entre otros.
Por ello, hace un llamamiento a toda la sociedad ecuatoriana para unirse a la causa en busca de la verdad, la justicia y la reparación, "pero, sobre todo, para prevenir que esta violencia se repita en el futuro. No hay justificación posible para la violencia feminicida".
Con información de agencia EFE
JN