Este 12 de abril el Gobierno autónomo de Escocia uno de los países constituyentes que forman el Reino Unido, impugnará ante la justicia el veto que el Gobierno británico impuso a inicios de este 2023 sobre su Ley de reconocimiento de género, aprobada por la mayor parte del Parlamente escocés.
Humza Yousaf líder de la administración escocesa desde hace dos semanas, interpondrá un recurso legran en contra del bloqueo, esto en el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, el espacio civil de más alto rango en Escocia.
Según la ministra de Justicia social escoces , Shirley-Anne Somerville, afirmó que es un desafió sin precedentes que el parlamente escoces debe solucionar.
“Es un desafío sin precedentes sobre la capacidad legislativa del Parlamento escocés, en lo que claramente son competencias devueltas”.
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El veto, asegura, puede "introducir un peligroso precedente" en la política británica. La reforma pretendía facilitar el proceso de reconocimiento de género con una rebaja en la edad mínima para iniciarlo hasta los 16 años, en lugar de los 18 requeridos en el resto del Reino Unido.
También recortaba el tiempo necesario para culminar el proceso -exigía tres meses, en lugar de dos años-, y eliminaba el requisito de presentar un certificado médico de disforia.
La legislación fue aprobada por una gran mayoría y consenso de las distintas formaciones políticas escocesas, dos tercios de su parlamento (86 a favor, 39 en contra), incluyendo representantes conservadores, tras varios años de consulta y escrutinio, pero nunca fue sellada por el rey Carlos III.
"Para defender la voluntad democrática del Parlamento", prosigue en el comunicado el Gobierno autónomo, se solicitará una "revisión judicial sobre la decisión del ministro para Escocia (Alister Jack)".
El Ejecutivo británico argumenta que las disposiciones de la nueva legislación entran en conflicto con la Ley de Igualdad de 2010 del Reino Unido, que la Cámara escocesa no tendría competencia para modificar, según argumentó Jack ante la Cámara de los Comunes.
"El proyecto de ley modificaría la legislación correspondiente a materias reservadas", afirmó el ministro en su argumentación escrita para activar por primera vez la conocida como sección 35 de la ley que regula la autonomía escocesa, que permite a Londres el veto de ciertas legislaciones.
Jack sostuvo que la ley escocesa "tendría efectos adversos graves" para mujeres y niñas, y "crearía dos regímenes distintos de reconocimiento" en el Reino Unido.
Los argumentos esgrimidos por Londres no son considerados "justificación suficiente" para la administración de Yousaf para ese paso histórico que dio el Gobierno británico, y por ello busca "claridad en la interpretación y alcance de su impacto" en el régimen de autonomía escocés.
Con información de EFE.